Desde El Grupo Municipal de IU-Verdes de Yecla, consideramos que no existe "recuperación de derechos recortados" en los presupuestos de Educación de la CARM para 2018, como indica el gobierno regional, sino más bien todo lo contrario. A nuestro juicio, el avance de la privatización de la red educativa de centros se consolida con el aumento de las transferencias a la enseñanza privada-concertada. De hecho, esta transferencia aumenta en casi 10 millones para financiar las nuevas concertaciones de bachillerato y FP, que ya suponen un total de 233 millones, casi uno de cuatro euros del presupuesto de la Dirección General de Centros Educativos, que es tanto decir como del presupuesto total de educación.
Nuestro Grupo Municipal cree que el aumento de un 0'97% en el presupuesto de la Enseñanza Secundaria es ridículo, y considera insuficiente el de Primaria (6'3%) destinado a gasto de personal por el aumento de la plantilla debido a la oferta pública de empleo prevista para 2018. Sin embargo, dicha ampliación nace corta para compensar la pérdida de puestos de trabajo docentes por la eliminación de la tasa de reposición durante los años de la crisis, el aumento de las horas de clase y de la ratio de los grupos.
Otro aspecto criticable es la congelación de las ayudas compensatorias para transporte y comedor escolar, así como la disminución de las ayudas de libros en 1'6 millones, lo que supone un 41% de recorte. Si bien el gobierno piensa compensar este recorte con deducciones en la declaración del IRPF, no es menos cierto que la mayoría de familias necesitan la disponibilidad de la ayuda directa en el momento del comienzo del curso escolar.
Por otro lado, los recortes suponen la falta de ejecución de las inversiones previstas, muchas de las cuales se han recuperado de presupuestos anteriores no ejecutados. Así, en el último presupuesto liquidado, el de 2016, de 24'4 millones presupuestados en infraestructuras educativas, se ejecutaron solamente 7'4 millones, apenas el 30%.
En otro orden de cosas, pensamos que no hay previsión presupuestaria para mejorar los gastos de funcionamiento de los centros ni para la paulatina recuperación de derechos de los trabajadores que se está produciendo en otras CCAA. Al igual que resulta significativa la reducción presupuestaria del programa referido a Formación Profesional que pasa de 28,49 millones de euros a 23,96 millones, representando una disminución del 15,91%. Este recorte ignora la creciente demanda social de este tipo de enseñanza, pudiendo quedar muchas solicitudes sin ser atendidas por falta de plazas.