Izquierda Unida-Verdes informa que la pasada semana la Fiscalía de la Región de Murcia requirió más contratos y documentación al Ayuntamiento como parte de la investigación preprocesal abierta sobre el Equipo de Gobierno del PP.

En ese sentido, recuerdan que el pasado mes de febrero Izquierda Unida presentó una denuncia ante el Ministerio Fiscal por la contratación del alquiler de tres jaimas durante tres días por un precio de más de 18.000 euros en la organización de las pasadas Fiestas de Reyes. En aquel escrito la formación alertaba de que dicho negocio se suscribió mediante una presunta fragmentación irregular del contrato que les habría permitido otorgarlo "a dedo" a una exconcejala del PP. Todo ello a pesar de que el contrato contaba con un informe negativo de los servicios jurídicos.

Debido a las presuntas irregularidades, la formación puso en manos de la Fiscalía el asunto para que extendiera la investigación con sus mayores medios técnicos y decidieran sobre la relevancia delictiva para su remisión, o no, al Juzgado. Así, la Fiscalía abrió investigación unos días después y actualmente sigue abierta.

Desde IU-Verdes señalan que "a día de hoy la Alcaldesa se niega de forma muy sospechosa a dar explicaciones públicas de por qué se cometieron las presuntas irregularidades". En ese sentido, señalan que han preguntado en todos los plenos ordinarios realizados desde entonces y "la Alcaldesa siempre se niega a responder". No obstante, indican que volverán a preguntar sobre el caso en el próximo pleno ordinario y que lo seguirán haciendo "hasta que la Alcaldesa cumpla su obligación política de dar explicaciones sobre qué ha pasado con el dinero de los yeclanos".

Alberto Martínez, portavoz de IU-Verdes, comenta que "la realización de más diligencias de investigación demuestra que hay indicios de delito y que la Fiscalía sigue sospechando del PP". Asimismo, señala que "al PP le hubiera gustado que desde IU les hubiéramos avisado antes para así intentar evitar la investigación, la Alcaldesa no lo oculta y nos lo reprocha cada vez que puede, pero la Ley de Enjuiciamiento Criminal nos obliga a los concejales a denunciar cualquier indicio de criminalidad".