Aprobadas por unanimidad dos proposiciones condenando la represión de Marruecos en el Sahara Occidental y apoyando la solución pacifica del conflicto, acorde con la legalidad internacional vigente
El Pleno del Ayuntamiento de Yecla ha aprobado imponer a la UTE Grupo Generala-Clusa una penalización económica de 3.0001 euros por incumplimiento o cumplimiento defectuoso del contrato, al desplazar a otro municipio, sin permiso municipal, el camión lavacontenedores del servicio de recogida de basuras y limpieza viaria. También se acuerda detraer a esta empresa la cantidad de 1.374 euros por los servicios no prestados.
El pleno también aprobaba dar por justificada la subvención otorgada por el Ayuntamiento a la Fundación "José Luis Castillo-Puche" en el ejercicio 2009, en el marco del convenio suscrito entre la Corporación Municipal y esta fundación. Por ello se acordaba pagar 20.000 euros, correspondiente a la anualidad de 2010 y adoptar el compromiso de consignar los restantes 5.000 euros en el presupuesto de 2011, para cubrir la asignación total de 25.000 euros que aparece en el convenio como aportación municipal
Se daba el visto bueno a la prorroga, para las anualidades 2011 a 2014, del convenio con la Asociación de Discapacitados Físicos de Yecla(ADFY) para amortizar el préstamo con destino a la adquisición de local situado en la calle Ercilla.
En cuanto a proposiciones, se aprobaba por unanimidad la presentada por el Grupo Municipal Popular trasladando, al Gobierno Central y los portavoces parlamentarios de las cortes, la condena de los actos de violencia contra la población saharaui se producían en el mes de noviembre pasado, defendiendo una solución pacifica del conflicto, acorde con la legalidad internacional vigente, que reconozca los derechos civiles y políticos del pueblo saharauis. También se insta al Gobierno de España para que medie en el conflicto, garantizando el máximo respeto a los Derechos Humanos.
En esta misma línea, el Grupo Municipal de I.U.+Los Verdes presentaba una moción, que fue aprobada por unanimidad, en la que se solicita al Gobierno de España que condene el desalojo violento del campamento de Agdaym Izik, la represión posterior de Marruecos, y la violación sistemática de derechos humanos en el Sáhara Occidental. También se pide que la Administración Central española intensifique las relaciones con el Frente Polisario y coordine las acciones para culminar el proceso de descolonización del Sáhara Occidental, entre otras actuaciones de presión a través de la Unión Europea.