Ante la problemática socioeconómica y familiar que origina el abono en metálico de determinadas sanciones administrativas provenientes de infracciones de igual naturaleza, en el ámbito de las competencias locales, El Grupo Municipal Cs, propone la posibilidad de crear una ordenanza, para sustituir aquellas por trabajos en beneficio de la comunidad. Este tipo de ordenanzas están enfocadas a personas en situación de desempleo o con recursos limitados en la unidad familiar, que ante una sanción administrativa, sin que puedan hacer frente a la misma, puedan optar a la conmutación por medio de trabajos en beneficio a la comunidad. Por norma general se excluyen las sanciones, tributarias y las de tráfico. Y también pueden incluir planes de formación, con una finalidad educativa y social, generando en la persona que ha sido sancionada una mayor implicación en el cumplimiento de la norma y, a la vez, reponer a la comunidad con su esfuerzo personal, los daños o perjuicios que pudiera haber ocasionado con su conducta infractora.
Según Antonio Puche, portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos: “creemos en la obligación de los sancionados del cumplimiento de sus obligaciones pecuniarias, pero también consideramos que es responsabilidad de la Administración, facilitar el cumplimiento de las mismas y en caso de no poder hacer frente al pago económico, brindar alternativas en beneficio de la comunidad, con carácter educativo y social, siempre con el objetivo de que no vuelvan a incurrir en el hecho que motivó la sanción”.
Desde Ciudadanos Yecla, se llevará en el próximo pleno del mes de octubre, esta moción, que en caso de ser aprobada dará la posibilidad a las personas sancionadas por una infracción administrativa, de realizar trabajos en beneficio de la Comunidad, como alternativa a la ejecución de las cuantías económicas. Teniendo carácter voluntario. Ofreciendo una alternativa al pago de estas sanciones, ya que en muchos casos la situación laboral o económico-familiar no se lo permite. Esta circunstancia es palpable sobre todo en el caso de los menores de edad, o jóvenes sin recursos económicos, ya que esta sanción suele recaer en los progenitores, que en muchos casos son ajenos a los hechos que la han motivado.
